Como el chivo expiatorio al que los antiguos israelitas dejaban morir de sed en medio del desierto después de cargarlo con todas las culpas del pueblo judío. Así se sienten los fabricantes y constructores de piscinas catalanes al ver cómo el Govern modifica el decreto de sequía a fin de mantener las restricciones en el uso del agua pese a que los embalses del sistema Ter-Llobregat habían salido de la fase de excepcionalidad 2. "Nos han criminalizado y discriminado", denunció ayer Josep Sadurní, el presidente de la federación que agrupa a todas las empresas de lo que él mismo denomina "el sector piscinas" y que atiende por las siglas FAPS

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El sector piscina esperaba el levantamiento de las restricciones para tratar de salvar una campaña ya muy maltrecha a causa de la crisis en la actividad inmobiliaria y a la que la prohibición decretada por Medi Ambient ha acabado de apuntillar. ¿Quién encarga una piscina que no va a poder llenar? Poca gente, a juzgar por los datos que la FAPS dio ayer a conocer en una rueda de prensa. "El descenso en la contratación es muy importante --explicó Sadurní--. Este año se están construyendo apenas el 30% de las piscinas que preveíamos hacer a principio de temporada". Y añadió que la mitad de esa caída es directamente atribuible a las medidas de la Generalitat.

Restructuración.

Las "pérdidas" (es decir, los beneficios previstos que ya no van a llegar) supondrán entre 150 y 200 millones de euros, según la estimación de la FAPS. ¿Y quién va a pagar todo eso? El jefe de la patronal del sector dio algo más que pistas. "Las empresas --anunció-- tendrán que reestructurar sus plantillas". Más adelante, expuso las cifras con toda su crudeza: entre el 30% y el 40% de los trabajadores del sector (esto es, unas 5.000 personas) pueden quedarse sin empleo, aseguró.

Un precio alto para una prohibición que los fabricantes y constructores de piscinas juzgan "estrictamente política", ya que, sostienen, "no existe ninguna proporcionalidad entre el beneficio que supone en cuanto a ahorro de agua y el perjuicio económico que se causa a las empresas". Según los datos del sector, las piscinas catalanas suponen aproximadamente el 0,6% del agua potable que se consume en Catalunya. Sin embargo, el 85% de los propietarios mantienen el agua todo el año, por lo que en este momento el llenado de piscinas sólo requeriría 0,05 hectómetros cúbicos, "una cantidad irrisoria", en palabras del vicepresidente de la FAPS, Lluís Cortés.

El problema, claro, es de imagen. En tanto que símbolo de estatus, las piscinas tienen mala prensa. Lo saben bien quienes las esgrimen como argumento para oponerse al trasvase. "Eso es una manipulación --dijo Sadurní--. La piscina no es un lujo". Si acaso, agregó, es "un objetivo".